CDR, una empresa muy investigada
La investigación que obligó a la renuncia del gobernador de Nuevo México Bill Richardson a un puesto en el gabinete de Barack Obama involucra a CDR Financial Products, una empresa de asesoría financiera con base en Beverly Hills y a su presidente David Rubin, un prominente empresario, gran donante de políticos a todo nivel y nacido en la Ciudad de México, de padres Israelíes.
Lo que está bajo investigación federal en Nuevo México es la relación, si es que la hay, entre los donativos que Rubin hizo a comités de acción política fundados por Richardson y el otorgamiento de un millonario contrato por parte de la Autoridad de Finanzas de Nuevo México para asesorar en el manejo de bonos públicos y las ganancias obtenidas de ellos, a CDR Financial.
Si se puede probar tal relación, se trataría de una violación a la ley, un manejo de influencias que compromete al gobierno de Richardson y al mismo gobernador. Pero aún no hay cargos, sólo una investigación de parte de autoridades federales y un Gran Jurado que evalúa la evidencia. Richardson se ha negado a comentar sobre los detalles y en la rueda de prensa ofrecida el lunes en Albuquerque sólo dijo que había calculado mal el tiempo “que tomaría finalizar la investigación que limpiará a mi gobierno de culpas”.
Dijo que esperaba que la misma estuviera lista para diciembre y aparentemente comunicó esa confianza al equipo de Barack Obama, que siguió adelante con su nominación para la Secretaría de Comercio.
Obviamente, la investigación no terminó y amenazaba en convertirse en un tema controversial durante las audiencia de confirmación de Richardson en el senado.
Pero CDR Financial, la empresa en cuestión, está siendo demandada e investigada a varios niveles y por parte de varias ciudades a las que asesoró en la inversión de las ganancias obtenidas por venta de bonos municipales, que es la función principal de la empresa. Las entidades públicas como ciudades y estados, venden bonos públicos para financiar proyectos que supuestamente deben beneficiar a la comunidad.
Según información publicada, unas 20 ciudades, condados y distritos escolares están demandando hoy en día a la firma, alegando que dirigió la inversión de ganancias de los bonos a bancos y entidades que le pagaron ciertos “fees” o comisiones.
La empresa está siendo investigada además por la Comisión de Valores y Cambios (SEC), el IRS y el Departamento de Justicia, pero hasta ahora no ha habido comprobación de delitos, sólo una amonestación de parte del SEC sobre violaciones a la ley federal de valores en septiembre de 2007, por un acuerdo entre CDR y AIG (una empresa de seguros que recibió un millonario bailout de parte del gobierno hace pocos meses), que ponía en peligro el estatus de unos bonos en Florida.
Otros casos bajo investigación involucran supuestos sobornos por parte de CDR de funcionarios en Alabama –en Jefferson county, un negocio que casi provocó la mayor bancarrota municipal de la historia de los Estados Unidos- y en Philladelphia, Pennsylvania para presuntamente obtener el negocio de los bonos.
Un comunicado publicado por Rubin en la página web de la compañía elogia a Richardson como un “dedicado servidor público”, añadiendo que “siempre hemos cooperado con cualquier agencia gubernamental que requiere información relacionada a nuestro trabajo”.
Rubin indica, en el mismo comunicado, que “CDR nunca ha practivado el pago de sobornos en ningún área donde hacemos negocios. Con respecto al trabajo que hicimos para Nuevo México, pasamos un proceso riguroso de selección para asegurar que CDR estaba calificada para el trabajo”.
El empresario es un gran donante a políticos y campañas. Según un reporte del Centro para Políticas Responsables, una fundación sin fines de lucro que estudia la influencia del dinero en política, CDR y Rubin han donado más de un cuarto de millón de dólares en contribuciones a nivel federal, un 95% a demócratas, pero también a algunos republicanos.
Richardson no es el único que ha recibido fondos, aunque sí parece ser uno de los más favorecidos por CDR. Dos PACs o comités de acción política de Richardson recibieron en total unos 100,000 dólares entre 2003 y 2004. El otorgamiento del contrato en Nuevo México se dio en los mismos años.
Otros receptores de fondos de Rubin y CDR incluyen al partido demócrata, el comité de campañas demócratas al congreso, el partido demócrata de tennesee, el congresista Henry Waxman, el senador Ken Salazar e incluso el mismo Barack Obama, quien recibió 3,300 dólares en total. John MCCain rebició 250 dólares.
A nivel local, Rubin también fue generoso con varios políticos en Los Angeles, incluyendo con James K. Hahn, el ex alcalde de Los Angeles, a cuyas campañas dio unos 7,000 dólares entre 1999 y 2003, de acuerdo a datos de la Comisión de Etica de la Ciudad de Los Angeles. En 2002, Hahn nombró a Rubin, comisionado de la Autoridad de Vivienda de Los Angeles, cargo que ocupó durante un par de años.
El actual alcalde Antonio Villaraigosa, también recibió dinero de Rubin en dos ocasiones para dos de sus campañas.

